AFIP: una investigación del ente fiscal llevó a la Justicia a dos empresarios por sobrefacturación de importaciones

Tras una importante investigación llevada adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó a dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya por el delito de Contrabando Documentado detectado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, que a su vez permitieron la fuga al exterior más de 35 millones de dólares. Se trata de los empresarios argentinos Lisandro Barbuy y Omar Barbuy y de la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva.

La investigación encabezada por el ente que dirige Ricardo Echegaray comenzó con el análisis del riesgo llevados a cabo por la Aduana Argentina e implementados en 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria en relación a las empresas Barbuy Team S.A. y Dowel S.A. Dichas sociedades son notables importadoras y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería en el interior del país. Así mismo, los empresarios utilizaban una empresa fantasma creada en la República Oriental del Uruguay para refacturar injustificadamente el 20% del valor de la mercancía que fue adquirida en China a fin de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero presentando documentación falsa que declaraba un valor distinto al correspondiente.

Además, apartir de la documentación secuestrada, se constató que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido acciones ilícitas  aduaneras en Uruguay. Gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR, se pudo presentar la denuncia de esta maniobra en Uruguay. La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, no poseían ninguna identificación personal, sin personal a cargo. Sus libros contables se encontraban absolutamente en blanco y presentaban una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina.